La pregunta llegó a más de un millón de maestras y maestros de educación básica esta semana: ¿qué hacer con los celulares en las escuelas? La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la consulta como paso previo a lo que busca ser una regulación nacional sobre dispositivos en el aula, según reportó una columna publicada en El Financiero por Mexicanos Primero.
La escena administrativa es reconocible: primero se convoca, después se escucha, y al final se legisla desde el centro. El planteamiento oficial, de acuerdo con la fuente, es que el debate «debe ir más allá de prohibir dispositivos» y busca entender su impacto en el aprendizaje, la salud y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Los números explican por qué el tema subió a la agenda federal. En 2013, apenas 11.7% de los niños de 6 a 11 años usaba internet en México; hoy la cifra es 79%, un salto de casi siete veces en poco más de una década. De quienes usan internet, 90.4% también usa redes sociales. Y 83% de madres y padres dicen estar preocupados por el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla, según los datos citados en la columna.
Hay un dato de aula que pesa más que cualquier discurso: una distracción provocada por el celular puede requerir alrededor de 20 minutos para que un estudiante recupere la concentración, de acuerdo con una cifra atribuida a la UNESCO. Multiplicado por una jornada escolar de varias horas, el costo pedagógico es directo: menos tiempo real de aprendizaje por cada interrupción digital.
La irrupción de la inteligencia artificial añade otra capa. Una nota de política educativa de Mexicanos Primero señala que 93.1% de los estudiantes ya conoce la IA y que 77.4% la utiliza para redactar textos. La misma organización advierte que las plataformas y herramientas de IA «pueden manipular la atención», por lo que la alfabetización digital debería incluir pensamiento crítico, privacidad y capacidad de distinguir información verdadera de contenidos sesgados.
La columna propone que la respuesta no salga únicamente de una norma federal, sino de tres frentes concretos: acordar antes del ciclo escolar para qué se usan las pantallas —con el Consejo Técnico Escolar como espacio de decisión—, trabajar durante el año la atención como una habilidad que se enseña, y convertir a las familias en aliadas, no en receptoras de una lista de prohibiciones. También cita el reconocimiento explícito de la propia SEP de que «la responsabilidad no termina en las escuelas» y requiere la participación de docentes, madres y padres.
El uso nocturno de dispositivos, agrega el texto, puede interferir con el sueño y la regulación emocional, mientras las pantallas desplazan el juego libre y la convivencia presencial. Son consecuencias que ya ocurren en millones de hogares mexicanos, con o sin regulación nacional todavía redactada.
La escena lo dice todo: mientras la SEP diseña una norma que aplicará por igual a un salón en la Ciudad de México y a otro en la sierra de Oaxaca, son los propios maestros —consultados esta semana, pero sin poder de decisión final sobre el texto que resulte— quienes ya identifican, aula por aula, qué funciona y qué no. Esa asimetría entre quien vive el problema y quien redactará la solución es el patrón habitual de la burocracia educativa mexicana: la consulta llega, pero el diseño final se escribe en otro escritorio.
El dato más incómodo para cualquier regulador es que el problema no nació en la escuela ni se resolverá solo con una circular oficial. Creció en los hogares, entre 2013 y hoy, al ritmo de un acceso a internet que se multiplicó por siete sin que ninguna política pública lo acompañara a tiempo. Delegar ahora la solución completa en una norma nacional —por bien intencionada que sea— corre el riesgo de sustituir la responsabilidad de las familias por un trámite más del aparato estatal, cuando la evidencia que la propia SEP recoge apunta en la dirección contraria: son los acuerdos concretos en el salón y en la mesa familiar, no el decreto centralizado, los que de verdad recuperan la atención perdida.
