La escena lo dice todo. En medio de un operativo de copamiento y fiscalización preventiva en Cerro Navia, con el alcalde Mauro Tamayo a un lado, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recibió la noticia que su gobierno esperaba desde hacía días: la Corte de Apelaciones de Iquique había revocado el fallo que bloqueaba el traslado del clan Chen a una cárcel de máxima seguridad.
El veredicto, unánime, respaldó la decisión de Gendarmería de trasladar a cuatro imputados —Longdi Chen, Wen Chen y Wu Chen desde la cárcel de Alto Hospicio, y Yonjie Chen desde Santiago 1— hacia la nueva penitenciaría La Laguna, en Talca. Con ello quedó sin efecto la resolución del juez de garantía de Iquique, Diego Reyes, que había impedido ese traslado.
Para Arrau, el fallo «no es un triunfo del gobierno sobre alguien o algo», sino una buena noticia para el país: permite que «las personas de máximo riesgo, gente que tiene un alto compromiso que pertenece al crimen organizado, puedan estar efectivamente en máxima seguridad, en regímenes penitenciarios con 22 horas en su celda, en solitario, con poco patio, con poca comunicación».
El ministro fue cuidadoso en marcar distancia con el Poder Judicial. «No corresponde al Ejecutivo hacer juicios de valor sobre las decisiones judiciales, respetamos al Poder Judicial, pero nos alegramos de estos fallos que van en la línea de lo que ha tratado de hacer el gobierno en este sentido», dijo, en referencia a la política de «mayor segmentación penal» para los reclusos de mayor peligrosidad.
Los detalles cuentan la historia de un gobierno que busca blindar administrativamente sus decisiones frente a la revisión judicial caso por caso. Arrau explicó que el criterio de Gendarmería para decidir dónde cumple condena cada interno según su riesgo depende, a futuro, de una reforma constitucional que incluye «un blindaje hacia las decisiones de Gendarmería sobre la segmentación penal para personas de crimen organizado». «Esperemos que esto sea la tónica de aquí para adelante», remató, aunque reconoció que el destino de esa reforma queda en manos del Congreso: «son los parlamentarios quienes quieren opinar y votar esta iniciativa».
La frase que resume mejor la trastienda de este episodio fue la última: «Esto es un caso puntual que se resolvió de manera favorable a la posición de Gendarmería, del Gobierno, pero claramente necesitamos mayor certeza jurídica. No puede ser algo que sea tan incierto como esto».
El mismo operativo sirvió para que Arrau abordara otro frente abierto: la amenaza contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), alertada por la Fiscalía tras la detención de Juan Flores Valenzuela, alias el «Indio Juan», presunto cabecilla de una banda que planeaba matarlo. El ministro había visitado a White durante la tarde. «Gracias a Dios está bien, mañana va al trabajo», dijo, sin entrar en detalles de una investigación que calificó de reservada por el Ministerio Público.
«Hay varias autoridades con medidas de protección y creo que es algo que no podemos normalizar», advirtió Arrau, recordando que el caso no es inédito: mencionó los antecedentes del exalcalde Rodolfo Carter y de «otros alcaldes» que debieron usar autos blindados. Para el ministro, el problema de fondo es que «el crimen organizado, el delincuente común, el narcotraficante, se cree que tiene la libertad de amenazar a las autoridades», y llamó a combatirlo «con todo el peso, con toda la persecución penal».
El desenlace del episodio judicial en Iquique deja una lección que trasciende el caso puntual del clan Chen. Cuando la política de segmentación penitenciaria queda a merced de interpretaciones distintas entre jueces de garantía, la seguridad de los reclusos de alta peligrosidad y la de quienes los custodian dependen de la lotería judicial, no de una regla clara y estable.
Esa es precisamente la «certeza jurídica» que reclamó Arrau: un Estado de derecho funciona cuando las competencias de cada institución —Gendarmería para clasificar el riesgo, los tribunales para revisar la legalidad— están delimitadas con claridad, y no sujetas a fallos que un día bloquean un traslado y al día siguiente lo autorizan. La amenaza contra el alcalde White, por su parte, confirma que el crimen organizado no distingue entre cárceles y palacios municipales: mientras no exista una respuesta estatal consistente, ninguna autoridad electa está a salvo de convertirse en blanco.
