Frente a la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, un grupo de activistas se plantó este martes con una exigencia simple y, hasta ahora, sin respuesta: que el ministro Julio García Zerpa dé la cara.
La escena lo dice todo. Mujeres con fotografías de sus familiares detenidos, pancartas y una demanda repetida frente a las cámaras: que el funcionario chavista explique por qué las cárceles del país mantienen a los presos en condiciones que, según denuncian, incluyen maltrato, mala alimentación y atención médica deficiente.
«Exigimos que el señor ministro Julio García Zerpa hable con los familiares para que entienda todas las irregularidades, las torturas, el maltrato, la mala alimentación, la mala atención médica y tiene que darnos una respuesta», declaró Yessica Castro, activista de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, la ONG que convocó la protesta.
Castro fue más allá: pidió que el titular del despacho penitenciario recorra «cada centro de reclusión» del país para verificar personalmente si están «en buen estado». La petición, formulada a las puertas del propio ministerio, expone la distancia que las familias denuncian entre el discurso oficial y lo que ocurre dentro de las cárceles venezolanas.
«No son capaces ni siquiera de hacerles (a los presos) un examen (médico) y llamar a sus familiares para que estén al tanto. Seguimos teniendo muertos bajo el régimen. Seguimos teniendo personas que están graves de salud», subrayó la activista, en una de las frases más duras de la jornada.
La denuncia de este martes no es un hecho aislado. El 20 de agosto pasado, Amnistía Internacional y familiares de presos políticos ya habían reclamado una «atención médica oportuna» en las cárceles del país. En esa ocasión, los allegados de los detenidos aseguraron que las condiciones de reclusión pueden afectar o agravar la salud de los reclusos, que existen demoras en las evaluaciones médicas y que hay falta de exámenes o imposibilidad de acceder a especialistas para atender afecciones específicas.
En esa misma transmisión, organizada por Amnistía Internacional a través de YouTube, la activista Andreína Baduel fue directa: las condiciones de reclusión en Venezuela «no se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna».
Los detalles cuentan la historia con una precisión incómoda para el Gobierno. Ese mismo martes, la ONG Foro Penal difundió un boletín con fecha de corte al 31 de agosto en el que contabiliza 328 presos políticos en Venezuela: 317 hombres y 11 mujeres. La cifra, actualizada semana a semana por la organización, funciona como termómetro de un fenómeno que las autoridades chavistas rara vez reconocen públicamente.
Ni el Ministerio para el Servicio Penitenciario ni García Zerpa respondieron este martes a los reclamos planteados a las puertas de su propia sede. El silencio, en este caso, es también un dato: mientras las familias exigen explicaciones puntuales sobre torturas, alimentación y salud, la trastienda del aparato penitenciario venezolano permanece cerrada a cualquier escrutinio independiente.
Para entender el presente hay que volver a esa mañana de martes en Caracas, cuando un puñado de mujeres decidió llevar su reclamo hasta la puerta del ministro. No hubo desenlace: ninguna autoridad salió a atenderlas, ninguna cifra oficial contradijo el boletín de Foro Penal, y ningún funcionario explicó por qué, según las denuncias reiteradas de organizaciones humanitarias, un preso puede entrar sano a una cárcel venezolana y salir enfermo, si es que sale.
Lo que queda expuesto, una vez más, es la ausencia de los mecanismos más elementales del Estado de derecho: control judicial efectivo sobre la privación de libertad, rendición de cuentas de quien administra las cárceles y acceso verificable a la salud de quienes el propio Estado tiene bajo su custodia. Cuando un ministro no necesita responder ni a los familiares ni a organismos internacionales, el problema deja de ser penitenciario y se vuelve institucional: es la prueba de un poder que no rinde cuentas porque no lo necesita.
La cifra de 328 presos políticos, lejos de ser un número abstracto, representa personas con nombre y familia que hoy dependen de un sistema que, según todas las denuncias reunidas, opera sin los contrapesos mínimos que cualquier sociedad que se precie de respetar la propiedad de cada individuo sobre su propia vida y su propio cuerpo debería exigir. La escena de esta semana en Caracas no cierra nada: solo confirma, otra vez, que la respuesta sigue pendiente.
