La escena lo dice todo: pupitres vacíos, tuberías rotas y un gremio que ya perdió la cuenta de cuántas veces ha tenido que salir a denunciar un incumplimiento salarial. Esta vez el reclamo llegó desde Maturín, de la voz del presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (Suma), José Darío Lima.
Lima denunció que el Ministerio de Educación omitió la cancelación de la prima de profesionalización correspondiente al cierre de mes, un beneficio que —según explicó— se otorga por méritos académicos de postgrado y maestrías y que venía pagándose de manera trimestral. No es un detalle administrativo menor: el dirigente sindical detalló que este incumplimiento perjudica a más de un millón de trabajadores de la enseñanza a escala nacional, entre docentes activos, jubilados y personal adscrito a gobernaciones y alcaldías.
«Esto ha generado un colapso psíquico en los educadores. Exigimos la cancelación inmediata de este beneficio», aseveró Lima, quien señaló que ese incentivo resultaba clave para mitigar la devaluación salarial y cubrir gastos esenciales de medicina y alimentación. Los detalles cuentan la historia de un salario que ya no alcanza y de un beneficio adicional que, cuando se paga, apenas sirve de paliativo.
El vocero sindical anunció que las federaciones magisteriales introducirán un pliego de peticiones ante los organismos gubernamentales. Entre las demandas prioritarias figuran la reactivación de las mesas de negociación para la tercera convención colectiva, la restitución de un plan de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) funcional y, en un punto que apunta directamente al corazón del aparato estatal, la eliminación de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) en el procesamiento de las nóminas docentes.
Para entender el presente hay que volver a esa denuncia sobre el calendario escolar. Lima estimó un arranque paulatino de actividades para finales de septiembre, apartándose de la fecha legal fijada para el 16 del mismo mes. La razón, dijo, es el deplorable estado de los planteles educativos, un diagnóstico que no quedó en el terreno de lo abstracto: un monitoreo realizado en el municipio Maturín documentó fallas críticas en instituciones emblemáticas como el liceo Félix Ángel Losada, donde colapsó el sistema de red de cloacas, además del liceo Ventura Vargas, la escuela Milá de la Roca, el liceo Manuel Núñez Tovar y la Escuela Técnica Industrial.
Ante ese panorama, Lima exhortó a la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (Fede) y a las autoridades regionales a implementar planes de mantenimiento integrales de carácter permanente, no restringidos al receso vacacional. La trastienda de esa exhortación es simple: reparar una escuela solo en julio y agosto, cuando ya está en ruinas, no resuelve nada.
El desenlace de este episodio todavía no está escrito. El pliego de peticiones apenas se anuncia, la Onapre sigue operando como filtro de las nóminas docentes y la fecha de regreso a clases ya se dio por perdida antes de que llegara septiembre. Lo que queda, mientras tanto, es un gremio que cuenta escuelas sin cloacas y salarios sin prima, y un ministerio que no ha respondido públicamente a la denuncia.
Lo que exhibe este episodio, más allá de la coyuntura salarial, es el resultado previsible de un sistema educativo administrado desde un centro burocrático que decide nóminas, presupuestos y prioridades sin que el ciudadano —el maestro, el padre de familia, el alumno— tenga ninguna capacidad real de exigir cuentas. Cuando la Onapre controla el procesamiento de una nómina docente y esa nómina llega tarde o incompleta, no es un accidente técnico: es la consecuencia de concentrar en una oficina estatal decisiones que, en un sistema con incentivos claros y responsabilidad fiscal, deberían resolverse con reglas simples y pagos puntuales.
La exigencia sindical de sacar a la Onapre del procesamiento de las nóminas no es una demanda menor ni ideológica: es un síntoma de hasta qué punto la burocracia centralizada se ha vuelto, para miles de maestros venezolanos, un obstáculo más que una solución. Mientras esa discusión de fondo no se resuelva, las escuelas de Maturín seguirán esperando un mantenimiento que nunca llega a tiempo, y los docentes, una prima que cada trimestre se convierte en una promesa incierta.
