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El tobillero, la autopista y el suicidio que reabre el debate migratorio en Ohio

Un joven haitiano de 20 años se quitó la vida tras perder el TPS y recibir un dispositivo de localización de ICE; la familia habla de humillación, la agencia dice que aplicó el procedimiento reglado.
Foto: infobae.com
jueves 3 de septiembre de 2026

La escena lo dice todo. El lunes, a las afueras de Springfield, Ohio, un joven de 20 años camina hacia una autopista interestatal. Se adentra a pie en ella. Un camión lo atropella y muere al instante. La Patrulla de Autopistas de Ohio confirmó los hechos: Pierre Damas Bel se suicidó.

Su familia, este miércoles, atribuyó parte de las razones de esa decisión a la humillación que el joven decía sentir por llevar en el tobillo un dispositivo de localización del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), según recogieron medios locales.

Bel había llegado a Estados Unidos en 2024 a través de CBP One, un programa del Gobierno del demócrata Joe Biden que permitía a los migrantes pedir una cita en la frontera para iniciar un proceso de asilo. El programa ya está eliminado, según informó la propia ICE, que divulgó el dato sobre el ingreso del joven al país.

Bel formaba parte de unos 300.000 haitianos en Estados Unidos que perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección frente a las deportaciones recientemente eliminada por el Gobierno del republicano Donald Trump. Tras esa pérdida, las autoridades le colocaron el dispositivo de localización, según recogió CBS.

"Después de que a mi hijo le pusieran un dispositivo en el tobillo, sintió que le trataban como un animal", dijo su padre, Pierres Ronal Bel, en un comunicado citado por ese medio.

Los detalles cuentan la historia. En declaraciones al Miami Herald, el padre afirmó que el joven había empezado la universidad, aspiraba a ser atleta universitario y se había inscrito en un programa del Ejército de Estados Unidos que conducía a la ciudadanía. Pero, a diferencia de sus compañeros, no recibió su uniforme debido al tobillero.

"Yo vine a este país para conseguir una educación. No vine aquí para cometer un crimen o hacer daño a nadie. Aún así, ahora camino las calles de EE.UU. con un monitor GPS en mi pierna, con un sentimiento de vergüenza y humillación que nunca imaginé que experimentaría", escribió el joven en su cuenta de Instagram.

"Yo vine aquí a estudiar, a construir mi futuro y vivir una mejor vida, no a ser tratado como un criminal. Así que ahora, ¿cómo se supone que vaya a jugar en los deportes universitarios con un monitor GPS en mi pierna?", reflexionó en el mismo mensaje, en el que expresaba su rechazo hacia ICE.

La agencia respondió a través de un comunicado a medios. Dijo que colocó el dispositivo a Bel el 29 de julio "mientras continuaba con sus procedimientos de inmigración" y rechazó "cualquier intento de culpar a ICE por la muerte", señalando que "no se le exige a nadie quedarse en EE.UU. ilegalmente y llevar un monitor GPS".

Para entender el presente hay que volver a las piezas sueltas de este expediente: un programa de la era Biden ya extinguido que abrió la puerta de entrada; un estatus de protección temporal, vigente durante años, retirado recientemente por la Administración Trump; y un dispositivo de monitoreo colocado el 29 de julio como parte de un trámite migratorio en curso. Cada pieza es un hecho documentado por las propias autoridades o por la familia. Ninguna, por sí sola, explica el desenlace en la autopista de Springfield.

La trastienda de este caso es la que atraviesa hoy a miles de familias haitianas en Estados Unidos: la del fin de una protección legal que durante años ofreció certeza y que ahora, retirada, empuja a sus beneficiarios de vuelta a los procedimientos ordinarios de control migratorio, con sus dispositivos de localización y sus citas ante el sistema. ICE sostiene que aplicó ese procedimiento reglado, no un castigo arbitrario; la familia de Bel sostiene que ese mismo procedimiento fue, para su hijo, una fuente de vergüenza que no pudo sostener.

El giro de esta historia no está en quién tiene razón sobre la palabra "humillación", sino en lo que revela sobre el costo humano de un sistema migratorio que oscila entre administraciones con reglas distintas: quienes entraron bajo un marco terminan, años después, sujetos a otro que no existía cuando cruzaron la frontera. Ese desajuste, más que la conducta de un funcionario o una agencia en particular, es el problema de fondo que este caso pone sobre la mesa.

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