La escena lo dice todo: decenas de pacientes, algunos en sillas de ruedas, otros sosteniendo pancartas con las manos temblorosas, avanzaron este viernes por el Centro Histórico de Ciudad de México con una sola consigna repetida —«¡Muerte digna ya!»— hasta llegar a las puertas de la Jefatura de Gobierno.
Ahí, en un encuentro con la mandataria capitalina Clara Brugada, entregaron un expediente que lleva meses en construcción: la llamada ‘Ley Trasciende’, impulsada por la activista y paciente terminal Samara Martínez, respaldada por investigaciones y más de 200 mil firmas ciudadanas.
La propuesta busca despenalizar y regular la ayuda médica para morir de manera indolora a personas con padecimientos crónico-degenerativos en etapas avanzadas o terminales. No es un asunto menor: implica tocar el Código Penal capitalino y abrir un debate que, hasta ahora, ningún gobierno estatal en México se ha atrevido a cerrar.
Según relató Martínez a los asistentes tras el encuentro a puerta cerrada, Brugada les expresó su respaldo político. «Nos dijo que no solo ella, sino todo el Gobierno local ya está a favor de que sea un tema prioritario en este periodo legislativo», afirmó la activista. Agregó que existe el compromiso de establecer una ruta de trabajo y que la capital podría convertirse en la primera entidad del país en aprobar una reforma de este tipo antes de que el calendario electoral frene los debates.
Durante el recorrido, los legisladores locales Xóchitl Bravo y Fernando Zárate recibieron el paquete de iniciativas para iniciar su análisis en las próximas sesiones del Congreso capitalino. El giro es notable: lo que empezó como una causa de activistas y familias termina, al menos por ahora, sobre el escritorio de quienes tienen el poder de convertirla en ley.
El marco legal mexicano vigente permite la llamada voluntad anticipada, un mecanismo mediante el cual los enfermos terminales pueden rechazar tratamientos destinados a prolongar la vida, pero prohíbe provocar deliberadamente la muerte mediante la eutanasia activa. Esa línea —entre dejar morir y ayudar a morir— es exactamente la que la ‘Ley Trasciende’ pretende desplazar.
Los detalles cuentan la historia mejor que cualquier comunicado oficial. Víctor Cristóbal, diagnosticado con cáncer en el sistema linfático, explicó a EFE el peso cotidiano de no tener esa opción: «Los tratamientos son muy dolorosos. Me gustaría que la gente pudiera terminar su ciclo sin dolor, tranquila y rodeada de su familia». Ana Grimaldo, otra de las asistentes, lo resumió en términos de autonomía individual: «Es un bien para todos y es un poder de decisión para todos, no es justo ni válido vivir con dolor».
El contraste con el nivel federal es evidente. El debate llegó hasta la Presidencia en abril pasado, cuando Claudia Sheinbaum consideró que se trata de un asunto complejo que «tiene que discutirse socialmente» y planteó la necesidad de abrir una discusión amplia entre la ciudadanía y los sectores involucrados. Cinco meses después, mientras la calle marcha y entrega expedientes, la Presidencia sigue sin ir más allá de la cautela declarativa.
Para entender el presente hay que volver a esa plaza llena de pancartas y a esa oficina donde una activista terminal logró, al menos en el discurso, lo que meses de gestiones no habían conseguido: un compromiso político nombrado con nombre y apellido.
El desenlace todavía no está escrito. Entre el respaldo verbal de Brugada y una reforma real hay distancia: comisiones, dictámenes, votos y, como advirtió la propia Martínez, un calendario electoral que puede frenar cualquier debate incómodo antes de que empiece en serio.
Lo que queda claro en esta trastienda es que la administración capitalina —de extracción morenista, aliada del oficialismo federal— optó por la ruta de menor resistencia frente a la presión de la calle: prometer prioridad legislativa sin comprometerse todavía con un texto, una fecha ni un mecanismo de aplicación. Es una salida cómoda para un tema que exige, sobre todo, definiciones y no solo gestos de apertura ante las cámaras.
Más allá del fondo médico y ético del asunto —que toca directamente la autonomía del individuo sobre su propio cuerpo y su propia vida, un principio que ningún aparato estatal debería administrar a su antojo—, la escena deja una lección política: en Ciudad de México los expedientes ciudadanos avanzan cuando hay marcha, cámaras y firmas de sobra; el resto, la letra fina de la ley, queda pendiente para después de que el foco se apague.
