El 26 de agosto, en la zona del Langtang Lirung, entre Nepal y el Tíbet, una masa de hielo y roca se desprendió de la montaña y bajó por el valle convertida en un alud de escombros y agua. El material recorrió cerca de 100 kilómetros. Dejó más de 400 personas fallecidas. Según las primeras investigaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el colapso no fue causado por un terremoto —como se pensó al principio— sino que el propio desprendimiento del glaciar generó una señal sísmica equivalente a un sismo de magnitud 5,2.
La escena lo dice todo: una montaña que parecía dormida y que, en minutos, se convirtió en una amenaza letal para poblaciones enteras.
A miles de kilómetros de allí, en Lima, la noticia encendió una alarma que no es nueva. Perú tiene, según un estudio del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), 8.466 lagunas de origen glaciar. De esas, 528 presentan algún grado de riesgo de desborde y 58 tienen un nivel muy alto de peligro.
"Tenemos dos grandes tipos de peligros glaciares. Unos son los desbordes de lagunas glaciares y otros son las avalanchas de gran magnitud que pueden generar aluviones. En el caso de Nepal, lo que ocurrió es este segundo caso, una gran avalancha que generó un aluvión, semejante a lo que ocurrió en Yungay", explicó Paola Moschella Miloslavich, directora de investigación en glaciares del INAIGEM, en diálogo con La República.
La distinción importa. Lo ocurrido en Nepal no fue un desborde de laguna glaciar (GLOF), sino el desprendimiento y colapso de hielo y roca que, al descender, se transformó en aluvión. Ese es precisamente el tipo de evento que preocupa a los científicos peruanos respecto de algunas zonas del nevado Huascarán, donde existe inquietud por la estabilidad de las masas glaciares.
Para entender el presente hay que volver a la Evaluación Nacional de Lagunas Glaciares con Riesgo de Desborde 2024, el documento con el que INAIGEM hizo, por primera vez, una clasificación a escala nacional. El estudio no se limitó a medir las características físicas de cada laguna: también cruzó esos datos con la población y las viviendas ubicadas en las zonas que resultarían afectadas si el agua se desbordara. Para llegar a esas conclusiones, los especialistas revisaron el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar, registros históricos de desbordes, imágenes satelitales y escenarios construidos mediante árboles de decisión, complementados con el juicio de expertos.
Los detalles cuentan la historia con precisión geográfica. De las 528 lagunas con algún nivel de riesgo —el 6% del total nacional—, Áncash concentra la mayor cantidad, con 169. Le siguen Lima, con 96; Cusco, con 76; Puno, con 72; Junín, con 53; Huánuco, con 31; Pasco, con 24, y Arequipa, con seis. Hay además una laguna compartida entre los departamentos de Huánuco y Lima.
La categoría más delicada es la de riesgo muy alto: 58 lagunas repartidas en seis departamentos, con el 45% concentrado en Áncash. El propio INAIGEM aclara que esa clasificación no implica que un desborde sea inminente: el nivel combina la vulnerabilidad de la laguna con la cantidad de personas y viviendas expuestas. El objetivo del mapa, según el instituto, es identificar dónde deben priorizarse los estudios, las obras de protección y los sistemas de prevención.
Ahí está, en realidad, el verdadero desenlace de esta historia. Perú ya tiene el diagnóstico: sabe qué lagunas vigilar, en qué departamentos concentrar los recursos y qué poblaciones están en la línea de exposición. Lo que el estudio no resuelve —porque no es su función— es si esas obras de protección y esos sistemas de prevención llegarán a tiempo y con la eficiencia que la magnitud del riesgo exige.
La tragedia de Nepal no es una advertencia abstracta sobre el cambio climático como fenómeno lejano, sino un recordatorio concreto de que la inversión en infraestructura de prevención —drenajes, muros de contención, sistemas de alerta temprana— es la diferencia entre un fenómeno geológico y una catástrofe humana. En un país con 58 lagunas bajo riesgo muy alto y antecedentes tan dolorosos como Yungay, la pregunta que le corresponde al Estado no es si el peligro existe, que ya está documentado, sino si el gasto público destinado a mitigarlo se ejecuta con la rapidez y el rigor técnico que la ciencia le está pidiendo desde hace años.
