En Alicante, un centro de inteligencia digital ajusta el alumbrado público al tráfico y al clima. En Argentina, una compañía calcula cuánta agua necesita realmente un cultivo antes de que el agricultor abra la llave. En 94 países, una cámara conectada a un algoritmo vigila qué se tira a la basura en las cocinas de los restaurantes. Ninguno de estos proyectos nació de una directiva de Bruselas ni de un ministerio. Nacieron del mercado.
Esa es la trastienda del monográfico que Boston Consulting Group (BCG) y Google elaboraron y que BBVA recogió en un informe reciente sobre el potencial de la inteligencia artificial (IA) frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, temas que el Programa de la ONU para el Medioambiente sitúa como una «triple crisis» medioambiental.
Según las estimaciones de BCG y Google citadas en el documento, la IA podría contribuir a mitigar entre un 5% y un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero antes de 2030. La cifra, condicional por naturaleza, no depende de un tratado internacional ni de un nuevo impuesto verde: depende de cuántas empresas decidan adoptar estas herramientas porque les conviene, no porque se las impongan.
La escena lo dice todo en el caso del transporte, responsable de cerca de una quinta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono. El proyecto 'Green Light' de Google sincroniza semáforos con inteligencia artificial en 20 ciudades y ha logrado, según el informe, reducir hasta un 30% las paradas en los cruces y un 10% las emisiones. No hizo falta prohibir el automóvil ni encarecer la gasolina: bastó con optimizar el tráfico existente.
En el sector energético, el proyecto piloto del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid) adapta el alumbrado público de varios municipios al volumen de tráfico y a la meteorología, con una estimación de ahorro de entre un 20% y un 25% en el coste energético. Es, otra vez, eficiencia técnica antes que sacrificio impuesto desde arriba.
El agua cuenta una historia parecida. La agricultura consume el 70% de las extracciones de agua dulce en el mundo, según el informe. Allí opera Kilimo, una empresa argentina que usa modelos de IA para optimizar el riego y que, de acuerdo con el documento, ha evitado el uso de más de 8 millones de metros cúbicos de agua en siete países, una cantidad que equivaldría a abastecer a 438.000 personas durante todo un año. El ahorro no vino de una cuota de agua fijada por decreto, sino de darle al agricultor mejor información para decidir por sí mismo.
Algo similar ocurre en la restauración. La tecnológica Winnow ha llevado visión artificial a cocinas y restaurantes de 94 países para combatir el desperdicio alimentario, identificando qué tipo y cantidad de comida se pierde. El resultado, según el monográfico: unos 70 millones de raciones ahorradas al año, 122.000 toneladas de emisiones de CO2 equivalente evitadas y un ahorro cercano a los 100 millones de dólares. Cada uno de esos dólares recuperados es dinero que un empresario privado se queda en el bolsillo, no una subvención pública gastada.
El informe dedica además un espacio a la dimensión social de la tecnología: Quirón Salud usa IA generativa para transcribir consultas médicas automáticamente, y un grupo de estudiantes españoles diseñó la lupa inteligente LUP, que convierte texto en voz para personas con dislexia o discapacidad visual. Los detalles cuentan la historia de una tecnología que resuelve problemas concretos, uno a la vez, sin esperar el consenso de una cumbre climática.
El propio documento de BBVA no oculta el reverso de la moneda: advierte que uno de los principales retos es mejorar la eficiencia de los centros de datos que sustentan la IA, precisamente para reducir la huella ambiental que ella misma genera. Es un matiz que conviene no perder de vista, porque ninguna tecnología es gratis y los servidores que entrenan estos algoritmos también consumen electricidad y agua.
Aun con esa salvedad, el patrón que emerge del informe es más elocuente que cualquier discurso: cuando una empresa —sea una tecnológica californiana, un centro de innovación español o una startup argentina— encuentra que ahorrar agua, energía o comida también le ahorra dinero, actúa sin que nadie tenga que obligarla. El incentivo económico, más que la amenaza regulatoria, es lo que está moviendo la aguja en estos casos concretos.
Para quienes durante años insistieron en que solo un aparato estatal robusto y un régimen sancionador podían torcer el rumbo del cambio climático, el catálogo de proyectos recogido por BBVA ofrece una lección incómoda: la semaforización inteligente de Google, el riego calculado de Kilimo o las cocinas vigiladas por Winnow no llegaron por mandato de ningún organismo internacional, sino porque alguien vio primero la oportunidad de negocio. El mercado, una vez más, se movió antes que el burócrata.
